Palo a las pensiones

Por Arturo Corona M.

Ana Lilia Solís es una compañera periodista a punto de llegar a la edad de jubilación. Durante los 38 años de su vida laboral, exactamente 2 mil semanas de trabajo, cotizó de manera ininterrumpida en el Seguro Social. Durante los últimos cinco años ella ha estado aportando de manera voluntaria una cantidad mensual al Seguro Social para poder jubilarse con el máximo que marca la ley, el equivalente a unos 25 salarios mínimos. Cuando pronto vaya a tramitar su jubilación en el Seguro Social, podrá hacerlo con el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar el monto de su pensión que llegaría a 25 veces el salario mínimo vigente. Gracias a su trabajo, su perseverancia y a la suerte de que siempre pudo cotizar en el Seguro Social, ella podrá jubilarse con dignidad.



La Corte vs los trabajadores

Hoy su jubilación está en riesgo de que disminuya de 25 mini salarios a tan solo 10. Pasaría a cotizar de 42 mil a 17 mil pesos gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace mes y medio la segunda sala de la Corte, aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes, la jurisprudencia presentada por el Ministro Sergio Valls, ex director jurídico del IMSS, a instancias del propio Instituto, que cuantifica las pensiones a un tope de 10 salarios mínimos. La decisión aunque aún no ha sido publicada, entrará en vigor el momento en que lo haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afectaría a unos 6 millones de trabajadores, entre ellos la señora Ana Lilia Solís.

El IMSS lo promovió

Pero el fallo de la Suprema Corte no solo afecta a los trabajadores que cumplieron sus 2 mil semanas cotizadas, hay muchos otros que aún no se jubilan, pero están cerca ya de la edad de jubilación. Ellos realizan aportaciones voluntarias con el fin de poder retirarse con 25 salarios mínimos, mes con mes realizan su aportación, de cumplirse este fallo su pensión se vería también reducida a 10 salarios mínimos.

El consejo técnico del Seguro Social, encabezado por Daniel Karam, director del Seguro Social, Javier Lozano, secretario del Trabajo, José Córdoba Villalobos, secretario de Salud, y Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, más cuatro representantes del sector obrero y cuatro del sector patronal, debía haberse reunido la tarde del miércoles para decidir si aplica o no el criterio de la Suprema Corte. Ante lo sensible de este fallo, el consejo resolvió esperar el dictamen final de la Corte, mientras tanto el IMSS sigue respetando la pensión máxima en 25 salarios mínimos, pero esto es hasta que el propio consejo decida si sigue adelante o congela la jurisprudencia, no hay garantía de que se eche para atrás cuando el propio IMSS lo promovió.

Se consuma el atropello

El fallo de la Corte, aprobado sin mucho ruido el pasado 9 de junio, que fija el tope máxima de las pensiones en 10 salarios mínimos, tiene ya el rechazo generalizado en la Cámara de Diputados, Uriel López Paredes, el presidente de la Comisión de Seguridad Social asegura que harán lo que esté a su alcance para evitar este golpe contra los trabajadores.

Incluso los empresarios están en contra. La Concamin, uno de los cuatro representantes patronales ante el consejo técnico del IMSS, asegura que es un robo lo que se pretende hacer con la jubilación de los trabajadores. El presidente de los industriales, Salomón Presburger dice que el sector patronal impedirá que se consume este atropello a los trabajadores.

En resumidas cuentas, las pensiones del IMSS no son nada en compasión con las jugosas jubilaciones de la alta burocracia. La pensión máxima de un jubilado del IMSS equivale a tan solo un día y medio de salario de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Aunque usted no lo crea, el sueldo mensual de un ministro es de 323 mil 685 pesos, al día contra los 10 mil 789 pesos de un pensionado del IMSS. En tan sólo un día y medio un ministro gana lo que se ha fijado hoy como tope para un trabajador luego de haber cotizado 2 mil semanas interrumpidas durante su vida. En riesgo el derecho a una pensión digna.